Con la aprobación de una nueva ley que aumenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 %. Este cambio, anunciado por el presidente Daniel Noboa, entrará en vigencia el 1 de abril de 2024, teniendo un impacto tanto en la vida social como económica del país.
El objetivo principal de este aumento del IVA es abordar los desafíos económicos que enfrenta Ecuador, Esto, luego de que, en la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica planteara un alza del IVA del 12% al 13% de forma permanente, y y dos más de forma temporal (15%) según las necesidades económicas del país y con un informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Una de las implicaciones más importantes de este cambio es su impacto en los productos y servicios que estarán sujetos al impuesto. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), tiene categorizado 359 productos y servicios en una lista denominada Índice de Precios al Consumidor hay 208 productos y servicios, como electrodomésticos, artículos de limpieza, servicios de telecomunicaciones y combustibles, estarán afectados por este nuevo porcentaje de impuesto.
Sin embargo, hay 151 bienes y servicios exentos de pagar IVA, incluyendo alimentos básicos, medicinas, educación, salud y transporte. El presidente Noboa ha ha expresado su compromiso de evaluar la posibilidad de reducir el impuesto en función del crecimiento económico y la generación de empleo en el país.
Es importante señalar que el aumento del IVA ha generado debates y preocupaciones en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. Mientras algunos temen que esta medida afecte negativamente el poder adquisitivo de la población más vulnerable, otros la consideran necesaria para garantizar la estabilidad económica y fiscal del país.
EL aumento del IVA en Ecuador representa un cambio significativo en el panorama económico y fiscal del país. Si bien busca abordar los desafíos económicos y sociales, es crucial implementar políticas complementarias que minimicen sus posibles efectos adversos en la población más vulnerable y fomenten un crecimiento económico inclusivo y sostenible. La evaluación constante de esta medida será fundamental para garantizar su efectividad y equidad a largo plazo.
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